Equidad electoral, víctima del protagonismo (Columna Política “Bajo la Lupa”)

*EQUIDAD ELECTORAL, VÍCTIMA DEL PROTAGONISMO.
*LA TRAMPA OCULTA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
*PENSIONES. EL TOPE MIDE SU SUELDO, NO SUS PRIVILEGIOS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavdera (06-IV-2026).- Lo que se impuso al gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA no es un simple trámite administrativo, sino un recordatorio mordaz de que la ley no se dobla al capricho del poder. El expediente IEM-CA-01/2026, promovido por JOSÉ MANUEL GUERRERO RASCÓN, desnuda con precisión quirúrgica lo que en Michoacán se ha vuelto costumbre: el uso de la investidura y los recursos públicos como trampolín electoral disfrazado de “asambleas informativas”.
GUERRERO RASCÓN no se limitó a lanzar acusaciones al aire; aportó enlaces, solicitó verificaciones oficiales y logró que la propia Oficialía Electoral constatara lo evidente: propaganda de Morena, distribución de periódicos partidistas, lonas con consignas y discursos del gobernador que, aunque pretendían ser institucionales, olían a precampaña anticipada.
El Instituto Electoral de Michoacán, al dictar medidas cautelares, reconoció que había apariencia de buen derecho, peligro en la demora y riesgo de afectación irreparable. En otras palabras, que si no se frenaba de inmediato la conducta del gobernador, la equidad en la contienda quedaría hecha añicos.
Y aquí es donde la ironía se vuelve inevitable: BEDOLLA, quien debería ser garante de la legalidad, aparece como protagonista de la violación constante al artículo 134 constitucional, ese que prohíbe que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes o voces de funcionarios públicos. ¿Qué parte de “no debe hacer alusión” resulta tan difícil de comprender para un gobernador que insiste en aparecer como consejero nacional de su partido en actos públicos?
El expediente es claro: se verificó la presencia de vehículos oficiales, indumentaria de programas sociales, distribución de utilitarios y discursos que exaltaban logros de LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEINBAUM, con el añadido de respaldar la idea de que “una mujer debe ser gobernadora en 2027”. No se necesita ser jurista para advertir que esas frases, en contexto, son propaganda política disfrazada de mensaje institucional.
La mordacidad surge sola: el gobernador parece confundir el Palacio de Gobierno con un comité de campaña, y los recursos públicos con utilería electoral.
La medida cautelar, entonces, no es un castigo definitivo, sino un alto en seco: se suspende la conducta mientras se resuelve el fondo. Pero el fondo ya se vislumbra: la reiteración de prácticas que convierten la publicidad oficial en escaparate personal. El artículo 134 no es un adorno constitucional, es un candado diseñado para evitar que quienes gobiernan usen la maquinaria del Estado como megáfono de sus aspiraciones.
BEDOLLA, sin embargo, parece empeñado en demostrar que la norma es letra muerta, y que la propaganda institucional puede ser moldeada a su imagen y semejanza.
GUERRERO RASCÓN, al fundar y motivar su denuncia, exhibe no solo actos concretos, sino un patrón de conducta. Y el IEM, al dictar medidas cautelares, envía un mensaje que debería retumbar en la oficina del gobernador: la democracia no se construye con discursos de equidad mientras se violan las reglas básicas de imparcialidad.
La ironía final es que quien se presenta como defensor de la soberanía nacional termina siendo señalado por vulnerar la soberanía de la ley electoral. Bajo la lupa, lo que queda claro es que la medida cautelar contra Bedolla no es un capricho del denunciante, sino un recordatorio de que la propaganda gubernamental debe ser institucional, no personalista, y que la Constitución no se negocia en mítines disfrazados de asambleas.
LA TRAMPA OCULTA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO
El Congreso del Estado de Michoacán, a través de legisladores locales, ha propuesto una reforma a la Ley de Adquisiciones que busca incorporar criterios de igualdad de género en los procesos de licitación pública. Esta iniciativa establece que las empresas que participen en licitaciones deben acreditar, entre otros requisitos, que al menos el 50% de su plantilla y cargos directivos estén conformados por mujeres.
Además, se exige que las empresas cuenten con certificaciones en normas mexicanas de igualdad laboral y no discriminación, así como la implementación de mecanismos para prevenir el acoso, garantizar la lactancia, ofrecer flexibilidad laboral y asegurar salario igual por trabajo igual. El objetivo declarado es promover la equidad de género y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el sector privado.
La iniciativa que condiciona la participación en licitaciones públicas a un porcentaje mínimo del 50% de mujeres en plantilla y cargos directivos, aunque bien intencionada en su búsqueda de igualdad de género, resulta jurídicamente improcedente y poco viable, especialmente en sectores como la obra pública.
La realidad sectorial muestra una participación femenina muy limitada, por ejemplo, en la construcción apenas alcanza el 16.6%, lo que hace imposible cumplir con la cuota propuesta sin afectar la competencia y la libre concurrencia establecidas en la Constitución.
Además, esta medida podría provocar una reducción significativa en el número de empresas participantes en las licitaciones, ya que muchas no cumplirían con los porcentajes exigidos. Esta disminución en la competencia podría derivar en la asignación directa de contratos a un grupo reducido de empresas, que se convertirían en las predilectas del Estado, incrementando así el riesgo de corrupción y prácticas poco transparentes.
Imponer una cuota rígida en sectores con escasa presencia femenina no solo restringe la libre empresa, sino que también reduce la oferta de proveedores, afectando la eficiencia y transparencia del gasto público. Además, existe un riesgo latente de simulación, donde las empresas podrían obtener certificaciones formales sin que realmente se reflejen mejoras sustantivas en las condiciones laborales o en la inclusión efectiva de mujeres.
Las recomendaciones de organismos especializados coinciden en que las medidas afirmativas deben ser graduales, proporcionales y adaptadas a la realidad de cada sector. En lugar de vetos o requisitos estrictos, se sugieren incentivos y metas diferenciadas que consideren la baja participación femenina en áreas como la obra pública, donde no existen suficientes mujeres para cumplir un porcentaje tan elevado.
En conclusión, la iniciativa, aunque busca promover la igualdad, debe replantearse para evitar vulnerar principios constitucionales y garantizar que la política pública sea efectiva y viable. La obra pública, en particular, requiere un enfoque realista que reconozca las limitaciones actuales y promueva la inclusión sin imponer barreras que puedan resultar contraproducentes.
PENSIONES. EL TOPE MIDE SU SUELDO, NO SUS PRIVILEGIOS.
El ahorro real que generará la reforma al artículo 127 constitucional es limitado y, al considerar los ingresos efectivos de la presidenta —que incluyen salario base, prestaciones y beneficios en especie como residencia en Palacio Nacional, escoltas, vehículos y personal de servicio— el tope de pensiones se vuelve aún más cuestionable, pues se calcula sobre una remuneración incompleta.
Esto convierte la medida en un gesto político más que en una estrategia de eficiencia financiera.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 establece que la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM percibe un salario mensual neto de $134,290 pesos, con un ingreso bruto de $191,000 pesos mensuales y prestaciones anuales de $575,364 pesos, lo que eleva su ingreso total a alrededor de $2.87 millones de pesos anuales.
Sin embargo, este cálculo no incluye los beneficios en especie derivados de vivir en Palacio Nacional: residencia oficial, escoltas, vehículos blindados, personal de servicio y gastos de representación, que constituyen un paquete de privilegios que cualquier empleado de confianza normal jamás recibe. Si se contabilizaran estos beneficios, el ingreso real de la presidenta sería significativamente mayor, y por tanto el tope de pensiones debería ajustarse en consecuencia.
El análisis de los datos de transparencia muestra que solo el 11.2% de los pensionados de las paraestatales rebasan el límite de $120,088.79 mensuales, con un impacto concentrado en LyFC, donde el 50% de los jubilados están afectados, mientras que en CFE apenas el 6.6% y en Pemex el 3%. Esto significa que el ahorro proyectado se concentra en un grupo reducido y no resuelve el problema estructural de las pensiones en el sector energético.
Además, el universo de afectados representa apenas el 0.0113% del padrón electoral, lo que en términos de votos es irrelevante, pero en percepción social puede generar descontento y sensación de retroactividad.
El costo beneficio de la reforma es desfavorable. El ahorro económico es marginal frente al costo político y social, pues la medida transmite la idea de vulneración de derechos adquiridos y genera división entre sindicalizados y personal de confianza. La narrativa oficial de “pensiones excesivas generalizadas” se contradice con los datos: el problema está focalizado en LyFC y pudo haberse atendido con una regla particular en lugar de imponer un criterio general.
Además, al calcular el tope sobre un ingreso presidencial incompleto, se distorsiona la base jurídica y se refuerza la percepción de arbitrariedad.
En conclusión, el gobierno obtendrá un ahorro limitado que no compensa los riesgos de división interna, pérdida de confianza institucional y percepción de injusticia. La reforma no valió la pena en términos de costo beneficio: se sacrifican estabilidad y derechos adquiridos a cambio de un ahorro marginal y una narrativa política que no corresponde con la realidad de los ingresos presidenciales ni con la estructura de las pensiones.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
ERNESTO NÚÑEZ, el eterno dirigente del Verde en Michoacán, salió con la puntada de exigir que lo metan en las encuestas de Morena rumbo a 2027. ¿Con qué credenciales? Con las “canicas” de un padrón inflado que presume en 110 mil militantes, aunque el INE apenas le reconoce 56 mil y cachito.
O sea, duplicó la cifra como quien infla el precio de la carne en la carnicería. Dice que el Verde es bastión nacional, pero en realidad es más bien un accesorio de la coalición, útil para la foto y para repartir moches. Claro, todo bajo el discurso de la “unidad” y la “responsabilidad”, como si la política fuera misa dominical. El chiste es que pide ser medido, aunque todos saben que no pinta ni en las caricaturas. Y aun así, no descarte que le hagan caso: en la política mexicana, hasta los fantasmas terminan en la boleta.
CARLOS TAFOLLA, diputado independiente con aspiraciones de cruzado parlamentario, ahora quiere que por decreto se le abra la puerta de la Jucopo, como si la ley fuera piñata de cumpleaños.
El detalle es que la Ley Orgánica ya prevé la inclusión de fracciones independientes… siempre que sean al menos dos, no un solitario con ínfulas de caudillo. Pero como su compañero ya se fue al PRD, TAFOLLA quedó solo y pretende que el antecedente del Tribunal Electoral se convierta en pase automático al club de las mayorías.
En resumen: quiere que el Congreso legisle para que un independiente de uno solo tenga voz y voto en la mesa grande. El discurso suena a lucha contra la discriminación, pero en realidad es un berrinche disfrazado de reforma. Y claro, todo bajo la bandera de “no más agandalle”, aunque lo que busca es precisamente un agandalle legalizado.
El gobierno de Michoacán dice que atenderá los planteamientos de transportistas y campesinos, pero la realidad es que mañana las carreteras serán viacrucis para miles de vacacionistas que regresan de Semana Santa. La Autopista de Occidente y la Morelia–Pátzcuaro estarán convertidas en estacionamientos improvisados, mientras los inconformes exigen seguridad y menos extorsiones.
El discurso oficial suena a “continuidad en las mesas de diálogo”, pero lo que habrá es continuidad en los embotellamientos de 10 horas. Y claro, todo en nombre de la unidad y la atención ciudadana, aunque los turistas lo llamarán simplemente: el peor final de vacaciones